La suspensión de un año que Pekín aplicó a sus controles ampliados de exportación de tierras raras y minerales críticos vence el 10 de noviembre de 2026, es decir, dentro de 32 días. La pausa fue formalizada por el Ministerio de Comercio chino (MOFCOM) el 7 de noviembre de 2025, tras la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en Busan, Corea del Sur, como parte de una tregua comercial más amplia en la que Washington aceptó retrasar la llamada "Affiliates Rule", que habría extendido los controles de exportación de EE.UU. a filiales de empresas en la lista negra china.
Según un análisis publicado el 27 de abril de 2026 por Mining Technology (con datos de EBC Financial Group, GlobalData y Bloomberg Intelligence), la concentración de la oferta global no ha cambiado de forma sustancial durante estos meses de pausa: China aportó el 69,2% de la producción minera mundial de tierras raras en 2025 (unas 270.000 toneladas de 390.000 en equivalente de óxido), frente a 13,1% de Estados Unidos y 7,4% de Australia, y sigue procesando hasta el 90% del total mundial. Las reservas probadas chinas, junto con las de Brasil, Australia, Rusia y Vietnam, suman 78,6 de los 85 millones de toneladas estimadas a nivel global a enero de 2026.
Es importante distinguir dos capas de medidas: la pausa de noviembre de 2025 suspendió los controles ampliados anunciados por China el 9 de octubre de 2025 (que habían añadido disposiciones extraterritoriales), pero no afecta los controles de abril de 2025 que siguen vigentes y exigen licencias caso por caso para siete tierras raras medianas y pesadas —samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escancio e itrio— y sus derivados para imanes permanentes.
Bloomberg Intelligence proyecta un déficit global del 36% en la oferta de neodimio-praseodimio (NdPr) hacia 2030, incluso si la producción fuera de China se multiplica por 4,4 veces entre 2024 y 2030, lo que sugiere que la dependencia estructural de Pekín persistirá más allá de cualquier decisión puntual sobre la prórroga.
Para empresas de América Latina y España con exposición a manufactura avanzada, defensa, vehículos eléctricos o energías renovables, la ventana de 32 días hasta el vencimiento es un punto de atención concreto: una renovación de la pausa mantendría la estabilidad actual de precios y suministro, mientras que un endurecimiento o una reimposición selectiva podría encarecer insumos críticos para baterías, motores eléctricos y componentes electrónicos importados desde Asia, reforzando el argumento a favor de diversificar proveedores y explorar alianzas con productores alternativos como Brasil o Australia.
