Un análisis de la consultora de riesgos Marsh, difundido por medios peruanos en agosto, sitúa en más de 94.000 millones de dólares la inversión extranjera directa anunciada por empresas asiáticas en América Latina entre 2020 y 2025, a la que se suman 62.000 millones de dólares adicionales en contratos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) en el mismo periodo. El estudio proyecta además una aceleración de entre 35% y 40% en el ritmo de estas inversiones durante 2025 y 2026, impulsada sobre todo por capital chino, aunque también japonés, tailandés e indonesio.
Según el reporte, Perú, Brasil y Chile concentran buena parte de ese capital, con la infraestructura de transporte como uno de los sectores más dinámicos —el puerto de Chancay, en Perú, aparece citado como ejemplo emblemático—, junto con energía y redes de distribución eléctrica, minería de cobre y hierro, extracción de litio y manufactura automotriz. El análisis sugiere que la diversificación sectorial de la inversión asiática, que hace una década se concentraba casi exclusivamente en minería y energía, es ya una tendencia consolidada.
Un dato adicional citado en la cobertura, aunque sin atribución clara a la fuente original, señala que entre 2018 y 2022 un total de 25 empresas chinas obtuvieron 201 contratos de obras públicas en Perú, por un valor estimado de 6.467 millones de dólares, con proyectos distribuidos en 23 de las 24 regiones del país. Esta cifra, de no confirmarse en una fuente primaria adicional, debe tomarse como referencial y no como parte central del hallazgo de Marsh.
Más allá de las cifras puntuales, el estudio documenta un patrón ya visible en la región: Asia dejó de ser un comprador de materias primas latinoamericanas para convertirse, cada vez más, en financista y operador directo de la infraestructura que sostiene ese comercio, desde puertos hasta redes eléctricas. Si la proyección de crecimiento de Marsh se confirma, 2026 cerraría como uno de los años de mayor expansión de capital asiático en la región de la última década, aunque el reporte no detalla cuánto de ese flujo corresponde a nuevos anuncios frente a la ejecución de compromisos ya existentes.
