El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Wanying "Heather" Zhang, de 34 años, agente inmobiliaria de Irvine, California, y ciudadana estadounidense naturalizada nacida en China, de actuar como agente no registrada de un gobierno extranjero. Zhang fue arrestada el domingo 5 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), poco antes de abordar un vuelo con destino a China, y compareció ante un tribunal federal de Los Ángeles el lunes 6 de octubre.
Según la denuncia del FBI citada por Taipei Times, Zhang y un acompañante varón no identificado volaron desde Las Vegas hasta Seattle y se desplazaron hasta la residencia de Lai Ting-yu, hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, un ingeniero que estudió en Estados Unidos y trabaja actualmente para la empresa neerlandesa Philips. Allí habrían filmado a Lai Ting-yu, a su esposa y a su hijo al llegar a su domicilio, imágenes que coincidirían con grabaciones de una cámara de seguridad de un vecino. Investigadores hallaron además, mediante una orden de registro sobre una cuenta de iCloud, mensajes enviados por WeChat a un presunto contacto del gobierno chino. Según ABC News (Australia), Zhang recopiló fotografías, videos y datos de patentes de vehículos sobre el objetivo y su familia, actuando bajo instrucciones de funcionarios chinos y empleando, según las autoridades, "tradecraft" (técnicas de contrainteligencia) para evitar ser detectada.
El director del FBI, Kash Patel, afirmó que China habría enviado a una operativa a vigilar "a la familia del presidente de Taiwán". El Departamento de Estado estadounidense se comprometió a "salvaguardar nuestra soberanía" y a defender a las personas frente al "exceso de poder de gobiernos extranjeros". La oficina de la Presidencia de Taiwán, a través de su vocera Karen Kuo, calificó el episodio de "caso típico de represión transnacional" y expresó "la más enérgica condena a esta conducta bárbara". El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, por su parte, dijo no estar familiarizado con el caso y rechazó lo que calificó de "sensacionalismo" en torno a supuestos "espías chinos" para "difamar y manchar" la imagen del país.
El caso se suma a una serie de episodios de presión y vigilancia transnacional china contra ciudadanos y familiares de funcionarios taiwaneses, y llega en un momento de alta tensión entre Washington y Pekín por el futuro de Taiwán. Para gobiernos y empresas de América Latina y España, el episodio es un recordatorio de que la vigilancia atribuida a servicios de inteligencia chinos no se limita a funcionarios o instalaciones oficiales, sino que puede extenderse a familiares residentes en terceros países, un riesgo reputacional y de seguridad a considerar por instituciones académicas, empresas o entidades que mantengan vínculos con ciudadanos taiwaneses en el exterior.
