El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) impuso el jueves 9 de octubre de 2025 el Aviso 61, conocido como la "regla del 0,1%": exige licencia de exportación para cualquier producto fabricado fuera de China que contenga insumos de tierras raras de origen chino equivalentes a 0,1% o más de su valor, aplicada incluso a nivel de componente. La medida se suspendió el viernes 7 de noviembre de 2025 como parte de una distensión comercial entre Washington y Pekín, pero esa suspensión vence el martes 10 de noviembre de 2026, una semana antes de que China sea anfitrión de la Cumbre Empresarial del APEC en Shenzhen.
La regla es relevante porque China controla aproximadamente el 94% de la producción mundial de imanes sinterizados de neodimio-hierro-boro (NdFeB), usados en motores, discos duros, ventiladores de refrigeración, blancos de pulverización catódica para semiconductores, componentes de pantallas e infraestructura de refrigeración y energía para servidores de IA.
Analistas describen la situación como una "carrera por asegurar alternativas de suministro occidentales" antes de la fecha límite. La medida resulta inusual porque aplica jurisdicción extraterritorial sobre fabricantes no chinos que producen fuera de China, en un espejo del "Foreign Direct Product Rule" estadounidense, pero aplicado a materias primas en lugar de tecnología avanzada.
Expertos citados advierten que una tregua diplomática no puede sustituir la infraestructura industrial que aún falta en Occidente: plantas de separación, capacidad de metalización, aleaciones e imanes calificados siguen siendo escasos fuera de China, por lo que el verdadero resultado dependerá de cuánta capacidad alternativa se haya asegurado durante la ventana de suspensión de un año.
Para empresas y gobiernos de América Latina —con depósitos de tierras raras y otros minerales críticos en países como Brasil, Chile y Argentina— y para fabricantes españoles de componentes electrónicos, vehículos eléctricos y energías renovables que dependen de imanes chinos, el 10 de noviembre marca una fecha concreta para auditar su exposición a la regla del 0,1% y evaluar alianzas de suministro alternativo antes de que la tregua expire.
