El gobierno peruano desbloqueó esta semana la construcción del Terminal Portuario de San Juan de Marcona, en la región Ica, tras firmar un convenio entre la agencia estatal ProInversión y la minera Shougang Hierro Perú —filial local del grupo chino Shougang— que resuelve una disputa por el uso de suelo que mantenía detenido el proyecto desde abril. El acuerdo, suscrito el viernes 25 de septiembre, obliga a Shougang a no ejercer ni oponerse a los derechos derivados de sus concesiones mineras dentro del área del futuro puerto, lo que permite ahora la entrega formal del terreno al concesionario.
El proyecto, valorado en US$404,8 millones, está en manos de San Juan Port S.A., subsidiaria del grupo chino Jinzhao, que también desarrolla la mina de hierro Pampa de Pongo —con una inversión proyectada de US$1.781 millones— y que obtuvo la concesión portuaria por 30 años en marzo pasado. La primera etapa de obras, estimada entre US$127 y 271 millones según la fuente, contempla dos muelles y tres puntos de atraque con equipamiento para carga a granel, carga general y contenedores; la construcción se proyecta iniciar en 2027 y cerrar su primera fase hacia 2029.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, y el presidente del directorio de Shougang Hierro Perú, Zhang Liang, encabezaron la firma, con participación de la Autoridad Portuaria Nacional. El terminal busca convertirse en la salida logística para la producción de cobre, oro y hierro de la minería del sur peruano, sirviendo a 29 provincias y 280 distritos de esa macrorregión, según cifras oficiales.
El desenlace llega mientras Perú acelera su cartera minera: un reporte de la misma semana señaló que empresas chinas y estadounidenses buscan acceso a nuevos yacimientos de cobre en el sur del país, mientras el Ejecutivo reduce trámites para destrabar inversiones. Shougang, que opera en Marcona desde 1992 y mantiene un terminal privado propio en San Nicolás, es uno de los mayores inversionistas chinos en la minería peruana, sector donde Pekín concentra ya alrededor de una cuarta parte de la inversión extranjera directa que recibe el país andino.
