El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán confirmó que ha aprobado, desde diciembre de 2020, solicitudes de inversión de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) por un total de US$44.000 millones destinados a sus operaciones en Estados Unidos, según informó la agencia estatal Focus Taiwan (CNA) el sábado 26 de septiembre de 2026. La cifra equivale a aproximadamente el 16,6% del plan de inversión de US$265.000 millones que la compañía se ha comprometido a desplegar en su complejo de fabricación de Arizona (cálculo verificado con Bash: 44/265 = 16,6%).
El monto aprobado corresponde a las autorizaciones que el gobierno taiwanés otorga cada vez que una empresa local traslada capital al exterior, un mecanismo regulatorio que permite a Taipéi monitorear la magnitud de la salida de inversión de su principal exportador. La cifra se acumula desde que TSMC anunció la primera fase de su plan en Arizona, hace casi seis años, en plena expansión de la demanda global por chips avanzados para inteligencia artificial.
El plan de Arizona —descrito por la propia compañía como uno de los mayores proyectos individuales de inversión extranjera directa en la historia reciente de Estados Unidos— contempla múltiples plantas de fabricación en los nodos más avanzados de TSMC, además de instalaciones de empaquetado avanzado. Washington ha presionado activamente por acelerar esta relocalización de capacidad productiva como parte de su estrategia de reducir la dependencia de semiconductores críticos fabricados en Asia. El despacho de Focus Taiwan no detalla el cronograma de desembolso restante del plan ni el ritmo esperado de nuevas aprobaciones para los próximos trimestres.
Para gobiernos y agencias de promoción de inversiones de América Latina y España que compiten por atraer manufactura avanzada de semiconductores, la escala de este compromiso —US$44.000 millones solo en autorizaciones acumuladas, sobre un plan total de US$265.000 millones— ilustra la magnitud de capital que Washington ha logrado atraer con incentivos fiscales y presión regulatoria, un nivel de recursos que ningún país de la región puede replicar hoy, pero que ofrece una referencia concreta sobre el orden de magnitud necesario para negociar con fabricantes de chips de primer nivel.
